THE BASIC PRINCIPLES OF EXTRADICIóN MéXICO IRLANDA

The Basic Principles Of Extradición México Irlanda

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La falta de tratado de extradición dificulta la lucha contra el crimen transnacional, ya que los delincuentes pueden escapar de la justicia al refugiarse en países que no tienen acuerdos de extradición con otros países.

El Estado requerido CONCEDE o NIEGA la extradición, cabe señalar que pueden ser recurribles ambas decisiones tanto por la defensa del reclamado como por la Fiscalía que defiende la postura del gobierno mexicano reclamante de la extradición.

Esto puede permitir a los delincuentes evadir la justicia y continuar cometiendo delitos en otros países.

R: Si una persona se niega a ser extraditada, el gobierno del país que solicita la extradición puede presentar una solicitud official para que se le obligue a comparecer ante un tribunal.

El capítulo IV lleva por título "México y la extradición". En este apartado se parte del argumento de que los tratados internacionales son la principal fuente de la extradición, por tanto, es necesario conocer la posición que guardan dichos instrumentos jurídicos dentro del sistema de fuentes de un Estado. Para el caso mexicano, se analiza el artworkículo 133 constitucional a la luz de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó sobre dicho numeral en 1999, llegando a la conclusión de que fue atinada la postura de la SCJN, al establecer que los tratados internacionales se encuentran inmediatamente por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales.

R: La solicitud de extradición debe ser presentada por el gobierno del país que solicita la extradición a través de la embajada de dicho país en México. Se debe proporcionar la información necesaria sobre la persona que se solicita y los cargos que se le imputan.

Si la resolución definitiva es CONCEDIDA, la extradición es notificada por las autoridades del Estado requerido a las autoridades de México, por lo que se inicia la coordinación para el traslado del extraditable a territorio nacional.

Dicho instrumento jurídico deberá tomar en cuenta las contribuciones de las Convención de Montevideo de 1933, y superar el fracaso de la Convención de Caracas de 1981. La adopción de una nueva convención de extradición implica un arduo proceso de negociación y have a peek here trabajo que debe ser promovido por uno o varios Estados con capacidad de liderazgo en la región. De acuerdo, con la autora, México debe recuperar su papel de liderazgo y prestigio internacionales en la OEA y otros foros mundiales, a fin de impulsar la creación de normas uniformes en materia de extradición en el continente americano.

El procedimiento de extradición puede ser largo y complejo, ya que se deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley. Además, la persona acusada tiene derecho navigate here a defenderse y a impugnar la solicitud de extradición.

Mientras que son pasivas las solicitudes que recibe nuestro país de parte de gobiernos extranjeros, en virtud de encontrarse un prófugo de la justicia de Source dicho Estado en nuestro país.

Los tratados de extradición se refieren al derecho que tienen dos países de enviar o recibir a una persona que enfrenta un proceso lawful.

Estas leyes establecen los procedimientos y los requisitos para solicitar la extradición de una persona y para decidir si se concede o no.

La extradición es una figura jurídica que tiene su fundamento en la necesidad de los Estados de concretar sus pretensiones punitivas sobre un individuo que ha violado sus leyes internas, pero que se encuentran imposibilitados para ejercer su jurisdicción penal allende sus fronteras. Asimismo, este mecanismo encuentra su fundamento en el principio de reciprocidad e inmunidad de jurisdicción de los Estados.

La magnitud real de la delincuencia internacional ha puesto de manifiesto la incapacidad del Estado para, por sí solo, hacer frente a un problema de carácter global. La situación antes descrita ha sido la razón principal para que los Estados decidan ampliar y estrechar sus lazos de cooperación en materia penal.

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